La fecha para la entrega del terminal vence este 30 de enero en el contrato original, por lo que para oficializar el 30 de marzo del 2025, como la nueva fecha de inicio de operaciones se firmaría una adenda. Ositrán aún no ha recibido la notificación oficial de la postergación. Por su parte, IATA advirtió que existe un retraso de 16 años en la entrega del nuevo aeropuerto.

Ante la falta de pruebas operativas que garanticen el correcto funcionamiento del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria Lima Airport acordaron aplazar el inicio de las operaciones del nuevo terminal.

Esta es la segunda ocasión en que se posterga la apertura. Inicialmente, Lima Airport anunció que el nuevo Jorge Chávez sería entregado el 18 de diciembre de 2024; sin embargo, la fecha de inicio fue modificada al 29 de enero de 2025 y, recientemente, se ha confirmado que la nueva fecha será el 30 de marzo de 2025.

Este cambio responde a la necesidad de asegurar que todos los aspectos operativos estén completamente listos, garantizando una transición eficiente y sin contratiempos. El objetivo principal es ofrecer una experiencia óptima tanto para los pasajeros como para todos los actores del sector”, indicó Lima Airport, a través de un comunicado.

De acuerdo con el contrato de concesión original, la fecha máxima para la entrega e inicio de operaciones del nuevo terminal vence el próximo 30 de enero. Por ello, la decisión de aplazarla hasta finales de marzo requeriría la firma de una nueva adenda al contrato, en la cual se establecerían el nuevo plazo de entrega y las condiciones correspondientes.

En ese sentido, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso (Ositrán), manifestó que hasta el momento no han sido notificados formalmente de la postergación y resaltó que, de acuerdo al plazo contractual, por el momento la concesionaria no se encuentra en un escenario de incumplimiento que pueda dar lugar a sanciones y/o penalidades.

¿Podría aplazarse la fecha de inicio una tercera vez?

Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) confirmó a RPP que la infraestructura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se encuentra a un 99 % de construcción, pero que aún quedan pendientes las pruebas operativas que garanticen un buen servicio a los usuarios.

Por su parte, el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, garantizó que el terminal aéreo estaría listo para la fecha anunciada recientemente. “Hemos hecho un plan de trabajo, lo estamos definiendo además con la industria, una serie de pruebas. Todo eso nos permite establecer que, para el día 15 de marzo, todo eso debe estar cumplido, de forma tal que ya podríamos tener la tranquilidad que el 30 de marzo iniciemos la operación”, indicó a RPP. 

Todo apuntaría a que el 30 de marzo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez abrirá sus puertas. No obstante, una tercera postergación es un escenario que no se puede descartar, señaló a RPP el especialista en arbitraje de Monroy & Shima Abogados, Alexander Montenegro.

“Probablemente pueda ampliarse más, porque si en la ejecución de las pruebas ven que no son suficientes, podría extender el plazo un poco más, pero siempre dentro de un plazo razonable. Mal harían LAP y el MTC si inauguran el nuevo Jorge Chávez con algún tipo de deficiencia operativa”, indicó.  

En esa línea, Montenegro explicó que las condiciones de la postergación se conocerán a detalle en la adenda al contrato, que se espera se haga público en los siguientes días. De acuerdo al especialista, la clave está en el tiempo que se establece como máximo para el inicio de las operaciones.

“Esta prórroga en el inicio de las operaciones es simplemente garantizar la seguridad. Si se extiende el plazo será razonable y de buena fe, pero si el plazo se extiende por más de seis meses, ya estaríamos hablando técnicamente de un incumplimiento del contrato y ya el Estado tendría que tomar algo de acción respecto a penalidades”, manifestó.

Martín La Rosa, country manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) para Perú y Bolivia, advirtió en RPP que existe un retraso de 16 años en la entrega del nuevo aeropuerto.  

“Estamos esperando este aeropuerto desde 2009, porque cuando se gana la concesión se iba a construir este nuevo gran terminal en este año.  (…) pero, debido a deficiencias de administraciones pasadas, finalmente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se trató de solucionar y se pone una fecha concreta para la construcción”, dijo.

En tanto, esta semana, el MTC y Lima Airport definirán si el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto se realizará en fases o de manera integral.

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Tres meses después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima iniciara la liberación de predios para el proyecto Vía Expresa Sur, el Poder Judicial ordenó a la gestión de Rafael López Aliaga detener la demolición de viviendas de San Juan de Miraflores, uno de los distritos por los que atravesará la futura vía. Se trata del primer revés legal al proyecto que reinició en medio de enfrentamientos con vecinos de Surco, punto de inicio de la obra, por la falta de un expediente técnico que especifique trazo y plazos de la obra que lleva varias décadas en espera.

La medida cautelar emitida por el juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordena suspender provisionalmente la “demolición total o parcial” de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II y se sustenta en que dichos predios cuentan con “saneamiento físico legal” aprobado por la misma municipalidad Metropolitana desde el año 1994 y partidas registrales vigentes.

Detalles de la medida cautelar a favor de vecinos de SJM

El proceso de desalojo de viviendas en el AA.HH Luis Felipe de las Casas Grieve II inició en noviembre pasado como parte de los trabajos de liberación de predios que ejecuta el área de Fiscalización y Control de la MML, a razón de la Ordenanza N°2600 que declaró “en emergencia y de interés metropolitano” la intervención de la Vía Expresa Sur. Dicha gerencia notificó a unas 300 familias del AA.HH Luis Felipe de las Casas Grieve II por haber cometido la infracción “ocupación de áreas viales del Plan Metropolitano” que se sancionaba con la “medida correctiva provisional” de demolición.

Sin embargo, de acuerdo con el juez, dicha correctiva emitida no sería constitucional porque “se realiza sobre un predio que se usa continuamente como vivienda” y tampoco racional debido a que “ninguna demolición de una vivienda o local comercial tendría el carácter de “provisional” (que se hace, se halla o se tiene temporalmente), sino uno de carácter “permanente”.

Detalles de la medida cautelar a favor de vecinos de SJM

“Para nada nos encontramos en los supuestos de intervención de una “medida provisional” bajo el contexto del artículo 16 antes citado [cuando “la actividad que se desarrolla o la conducta detectada carezcan de licencia o autorización municipal, contravengan las normas…]. Más aún, si como queda claro las viviendas se encuentran construidas como tal desde hace aproximadamente 30 años, incluso antes de la aprobación del proyecto final de la Vía Expresa Sur”, señala el fallo.

Detalles de la medida cautelar a favor de vecinos de SJM

De hecho, el juez observa que, aunque los predios en disputa “serán destinados como espacio público para la construcción de la Vía Expresa Sur, hasta la fecha los mismos no han sido inscritos de forma permanente para ese fin público”.

Demandan penalmente al juez

En respuesta, el alcalde Rafael López Aliaga declaró a El Comercio que demandará penalmente al juez que falló a favor de los vecinos. “La medida cautelar no nos afecta porque son viviendas lejos de la zona de influencia, pero de todas maneras nos vamos a quejar ante la Junta Nacional de Justicia sobre este juez, que además es el liberó a Cerrón. Es el mismo. Mi opinión es que en Perú hay mucha corrupción el Poder Judicial y Fiscalía”, dijo.

El miércoles por la noche, la comuna metropolitana confirmó en sus redes sociales que la denuncia realizada por la Procuraduría Municipal fue por el “delito de prevaricado y usurpación de funciones” y exigió la “nulidad de la medida, debido a que este tipo de cautelares, pueden ser dictadas únicamente por la Sala Superior”.

Además, Carlos Peña, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), aseguró que la medida cautelar no frenaría la ejecución de los trabajos programados y que dichas viviendas no forman parte del trazo. “Algunas personas han malinterpretado la información sobre la propuesta de Graña y Montero, que ya está relacionada con contratos corruptos, y han creído que sus propiedades se encuentran en la ruta de la vía. […] Lo que observamos es que los predios afectados están fuera del trazado, por lo que no se detendrán las obras”, dijo a la prensa tras una actividad en Barranco.

Lo que sigue

Lo cierto es que la medida cautelar forma parte de un demanda más amplia por hasta seis delitos que alcanza al alcalde López Aliaga, a los 39 regidores metropolitanos, a la gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, y otros funcionarios municipales. El 12 de diciembre, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores inició la investigación preliminar por las “formas agravadas de usurpación, abuso de autoridad, omisión, rebuscamiento o demora de actos funcionales, usurpación de función pública y falsedad ideológica”.

“El proceso penal recién se han iniciado. Hay diligencias que realiza la policía especializada en asuntos sociales. Continuaremos con la defensa en la acción de amparo, hemos ingresado documentos a la Contraloría también”, dijo a este Diario Jorge Luis Guevara Querevalu, abogado de los vecinos. Añadió que aunque la medida cautelar salió a nombre de cinco personas, alcanzaría a 24 predios.

El abogado Renzo Monroy, socio de Monroy & Shima Abogados, explica que la medida cautelar es provisional y secundaria al proceso principal de amparo. “La medida cautelar suspende la demolición momentáneamente, el fondo [si corresponde o no la demolición] se va a ver en el proceso constitucional de amparo. Este proceso verifica si se subsume la demolición dentro de los principios constitucionales y si hubo un debido procedimiento administrativo”, explica a este Diario.

En el caso de la apelación presentada por el municipio, el letrado indicó que se evaluará si el juez John Paredes Salas cometió errores en su razonamiento al ordenar la suspensión temporal. “Su decisión va a ser revisada por los superiores jerárquicos de este juzgado”, precisó.

De acuerdo con la demanda de los vecinos, para el año 1994, cuando ya contaban con reconocimiento legal, sus predios “no se encontraban dentro del proyecto intercambio vial reajustado Prolongación Paseo de la República – Panamericana Sur”, hoy Vía Expresa Sur.

Aron Espinoza, regidor de Podemos Perú, fue uno de los concejales notificados por la apertura de la investigación preliminar en fiscalía. En diálogo con este Diario, cuestionó que el municipio intente avanzar el proyecto sin expediente técnico.

“Hay una tremenda falta de planificación, no hay cosas claras, se hacen las cosas al caballazo sin expediente técnico. Estos son los resultados de la improvisación. Se sabía que había viviendas que se tenían que expropiar, pero en ningún momento se ha llevado el debido proceso que está marcado en la Constitución”, dijo.

Aunque en una informe previo para este Diario, la gerente de Fiscalización confirmó que en algunos casos se tendrá que evaluar el pago por la expropiación después de las demoliciones, elRafael López Aliaga aseguró que no pagará un sol en expropiaciones. “El área de expropiaciones me porfiaba que había que pagar 600 millones de dólares a terceros, con expedientes técnicos documentados. Pero dije: ‘No puede ser’, contraté a una abogada externa, le dije: ‘Hazme el estudio de títulos’. Regresa a los cuatro meses me dice que hay que pagar cero, es propiedad metropolitana”, dijo en diciembre pasado.

La Vía Expresa Sur será un corredor de 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). El relanzamiento de la obra por la gestión de López Aliaga contempla la ampliación del Metropolitano con cinco nuevas estaciones.

A diferencia del proyecto planteado hasta el año 2019, la Vía Expresa Sur no contará con peaje. Tampoco será una vía a desnivel. Por lo pronto no hay más detalles sobre las especificaciones de la obra debido a que el expediente técnico aún no está terminado.Se encuentra en elaboración por el Consorcio Vía Expresa, que recibió la buena pro el 6 de enero de 2025.Este documento deberá incluir estudios topográficos, de flujo vehicular, de impacto ambiental, especificaciones técnicas, presupuesto definitivo, entre otros documentos técnicos.

La convocatoria se realizó a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad con la que en junio pasado la MML firmó un convenido para que asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra. El proyecto total tiene un costo de inversión de más de 816 millones de soles.

Por otro lado, la convocatoria para la supervisión del expediente técnico fue declarado desierto. El cronograma actualizado indica que el 6 de febrero se daría la buena pro para dicha supervisión.

Dicho cronograma indicaba que para el 6 de enero debía darse la “apertura de propuesta técnica”. Sin embargo, un comunicado emitido ese día por la OIM señala que el proceso para la supervisión ha sido declarado desierto por falta de propuestas. “Se hace de conocimiento a los interesados y público en general que el proceso de selección de la referencia ha sido declarado DESIERTO, debido a que no se presentaron propuestas”, indica.

En Monroy & Shima Abogados entendemos los riesgos legales que enfrentan los centros de salud en su día a día. Una atención deficiente o una comunicación mal manejada pueden desencadenar reclamaciones o demandas que afecten tanto la reputación como la operatividad de las instituciones médicas. Por ello, implemente políticas claras y efectivas no solo para prevenir problemas legales, sino que fortalece la confianza de los pacientes y mejora la calidad del servicio.

A continuación, te presentamos cinco políticas esenciales que recomendamos implementar en tu centro de salud:

1. Establece un Protocolo de Comunicación con los Pacientes

Definir cómo, cuándo y qué información debe proporcionarse a los pacientes es clave. El protocolo debe incluir:

• Procedimientos para explicar diagnósticos, tratamientos y riesgos.
• Un lenguaje claro y comprensible para evitar malentendidos.
• Capacitación constante al personal para garantizar uniformidad en los mensajes.

Esta política asegura que el paciente reciba la información necesaria para tomar decisiones informadas y reducir posibles quejas por desinformación.

2. Capacitación Continua del Personal en Atención al Cliente

La atención al cliente en un centro de salud no solo es una cuestión de cortesía, sino de seguridad legal. La capacitación debe enfocarse en:

• Disputa de conflictos.
• Manejo adecuado de quejas y reclamos.
• Empatía en la atención al paciente y sus familiares.

Un personal capacitado no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también minimiza el riesgo de conductas que puedan ser percibidas como negligentes o irrespetuosas.

3. Implementa Canales Formales para Reclamos y Sugerencias

Facilitar a los pacientes un espacio formal para expresar sus quejas o sugerencias muestra compromiso y profesionalismo. Algunas opciones incluyen:

• Un sistema de buzón de sugerencias físico o virtual.
• Una línea telefónica o correo exclusivo para reclamos.
• Respuestas rápidas y documentadas a cada queja recibida.

Contar con este sistema ayuda a identificar problemas antes de que escalen y demuestra una actitud proactiva frente a posibles conflictos.

4. Documenta Cada Interacción con el Paciente

La documentación detallada es tu mejor defensa ante una reclamación o demanda. Asegúrate de:

• Registrar diagnósticos, tratamientos y consentimientos firmados.
• Incluir notas claras de cualquier comunicación relevante con el paciente o sus familiares.
• Digitalizar los registros para facilitar su acceso en caso de auditorías legales.

Una documentación adecuada no solo protege legalmente al centro, sino que también es indispensable para garantizar un cuidado continuo y de calidad.

5. Crea un Comité Interno de Revisión de Incidentes

Cuando surgen incidentes, un comité interno puede analizar las situaciones desde el punto de vista médico, administrativo y legal. Este comité debe:

• Revisar las causas del incidente.
• Proponer medidas correctivas.
• Establecer un plan de acción para evitar que se repita.

La implementación de este comité no solo previene conflictos legales, sino que refuerza el compromiso del centro con la mejora continua.

Conclusión

La prevención es la mejor herramienta para evitar conflictos legales. Estas políticas de comunicación y atención no solo protegen a tu centro de salud, sino que también mejoran la experiencia del paciente, fortalecen la confianza en tus servicios y preservan la reputación de tu institución.

En Monroy & Shima Abogados, somos especialistas en derecho de salud y estamos aquí para ayudarle a implementar estas políticas y asesorarlo en cualquier aspecto legal que su centro necesite. Si deseas más información o una reunión personalizada, contáctanos.

Monroy & Shima Abogados
Tu aliado estratégico en derecho de salud.

Las enfermedades intrahospitalarias, también conocidas como infecciones nosocomiales, son aquellas que un paciente contrae durante su estancia en un centro de salud y que no estaban presentes al momento de su admisión. Este tipo de infecciones, además de poner en riesgo la salud del paciente, pueden generar repercusiones legales importantes para los centros de salud.

A continuación, abordamos los principales aspectos que todo centro médico debe considerar para enfrentar posibles demandas por enfermedades intrahospitalarias y cómo prevenir o reducir su impacto.

1. Comprender las responsabilidades legales del centro de salud

Las clínicas y hospitales tienen la responsabilidad de garantizar un entorno seguro y aséptico para sus pacientes. Las leyes de salud en Perú y otros países establecen que los centros de salud deben cumplir con estándares de higiene, desinfección y control de infecciones. Cuando estas normas se incumplen, los pacientes afectados por infecciones intrahospitalarias podrían demandar a la institución alegando negligencia.

2. Documentar los protocolos de prevención de infecciones

Es fundamental contar con una política documentada de control de infecciones que se aplique de manera rigurosa. Esta debe incluir:

• Procedimientos de limpieza y desinfección en áreas críticas.
• Capacitación continua para el personal en técnicas de asepsia.
• Protocolos de aislamiento para pacientes que presenten enfermedades contagiosas.

Contar con evidencia de que estos protocolos se siguen y se actualizan conforme a las mejores prácticas puede ser crucial en caso de una denuncia, ya que demuestra que la institución toma las precauciones necesarias para evitar infecciones.

3. Investigación y documentación en caso de una infección intrahospitalaria

Si un paciente contrae una enfermedad intrahospitalaria, es esencial que el centro médico lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar el origen de la infección. Este análisis debe ser meticuloso y bien documentado, incluyendo:

• Registros de limpieza y desinfección en las áreas donde estuvo el paciente.
• Reportes sobre el uso de equipos y procedimientos médicos aplicados.
• Testimonios de profesionales de la salud que atendieron al paciente.

Documentar estos elementos puede ayudar a demostrar que la infección no fue resultado de una negligencia, sino de factores incontrolables.

4. Notificación oportuna a las autoridades de salud

En algunos casos, es necesario informar a las autoridades de salud sobre la aparición de infecciones intrahospitalarias, especialmente si están relacionadas con brotes de enfermedades contagiosas. Esto no solo contribuye a la transparencia, sino que también demuestra que el centro de salud actúa de manera responsable y colabora con los organismos de salud pública.

5. Evaluar los derechos del paciente y responder a sus inquietudes

En casos de infecciones intrahospitalarias, es probable que el paciente o sus familiares presenten quejas o consultas sobre el origen de la enfermedad y las medidas preventivas de la institución. Es importante ofrecer una respuesta clara, profesional y empática, ya que ignorar las inquietudes de los pacientes puede agravar el conflicto y aumentar el riesgo de una demanda.

6. Contar con asesoría legal especializada

Los centros médicos que enfrentan denuncias por infecciones intrahospitalarias necesitan un equipo de abogados especializados en derecho de salud que pueda guiarlos durante el proceso. Un abogado con experiencia en el sector sabe cómo interpretar las normativas de salud y cómo demostrar que el centro cumplió con los protocolos de prevención.

7. Mantener una política de comunicación transparente

La transparencia es clave para mitigar el riesgo de conflictos legales. Ante una situación de infección intrahospitalaria, el centro médico debe mantener una política de comunicación clara, tanto internamente como con el paciente y sus familiares. Explicar las medidas tomadas y los pasos a seguir demuestra la responsabilidad del centro y ayuda a construir una relación de confianza.

8. Actualizar y fortalecer los protocolos de prevención de infecciones

Como resultado de cada incidente, es recomendable evaluar los protocolos existentes y realizar las mejoras necesarias para evitar futuras infecciones. Esto podría incluir:

• Invertir en tecnología de desinfección avanzada.
• Implementar auditorías de control de infecciones.
• Ofrecer programas de formación continua para el personal.

La mejora constante de estos procesos no solo reduce la posibilidad de demandas, sino que también mejora la calidad del servicio y protege la salud de los pacientes.

Conclusión

Las infecciones intrahospitalarias representan un reto tanto para la salud de los pacientes como para la reputación y responsabilidad legal de los centros de salud. La clave para mitigar riesgos legales y proteger la seguridad de los pacientes radica en la implementación de protocolos estrictos de prevención, la comunicación efectiva y el respaldo de una asesoría legal especializada en derecho de salud.

En Monroy & Shima Abogados, somos expertos en derecho de salud y estamos aquí para ayudarte a gestionar situaciones complejas con los pacientes y a fortalecer la seguridad jurídica de tu institución.

Enfoque legal. El fraude de acreedores es una conducta que puede complicar el proceso de cobro de una deuda, pero la legislación peruana ofrece herramientas para contrarrestar estas acciones.

Cuando un deudor realiza acciones para ocultar o disponer de sus bienes con el fin de evitar el pago de una deuda, existen medidas legales que los acreedores pueden tomar para proteger sus derechos y asegurar el cobro. Estos procedimientos están orientados a revertir las acciones del deudor y permitir que los bienes sean utilizados para saldar la deuda.

A continuación, se explica de manera objetiva los mecanismos legales disponibles en Perú para estos casos.

Fraude de acreedores: ¿Qué es?

Un acreedor es toda persona física o jurídica que ha hecho un préstamo o ha entregado un bien a otra persona (el deudor) a cambio de un pago por parte de esta. El fraude de ellos es una conducta que puede complicar el proceso de cobro de una deuda, pero la legislación peruana ofrece herramientas para contrarrestar estas acciones. Es importante que los acreedores actúen de manera oportuna, utilizando las acciones legales disponibles, como la acción pauliana o de simulación, y asegurando medidas cautelares que protejan sus derechos a lo largo del proceso judicial.

Roberto Shimabukuro, socio del estudio Monroy & Shima Abogados, define el fraude de acreedores como una conducta en la que el deudor realiza actos destinados a disminuir su patrimonio, perjudicando las posibilidades de cobro del acreedor.

Estos actos pueden incluir la venta, donación o transferencia de bienes a nombre de terceros (testaferros) o la renuncia a derechos sobre su patrimonio. El objetivo es evitar que el acreedor pueda embargar o ejecutar esos bienes para cobrar la deuda pendiente.

Principales acciones legales disponibles

Existen dos mecanismos principales que el acreedor puede utilizar cuando el deudor ha dispuesto de sus bienes para evitar el pago:

• Acción de simulación o nulidad

David Encinas Zevallos, socio de Rodríguez García & Encinas, señala que este recurso es aplicable cuando el acreedor puede probar que el deudor ha simulado una transacción, como una venta falsa o una donación ficticia, con el objetivo de despojarse de sus bienes. A través de esta acción, el acreedor puede solicitar al juez que declare nulo el acto simulado y que los bienes vuelvan a estar disponibles para ser embargados en garantía del pago de la deuda.

• Acción pauliana

Shimabukuro explica que la acción pauliana o acción revocatoria, regulada por el artículo 195 del Código Civil, permite al acreedor impugnar actos reales de disposición patrimonial que el deudor haya realizado con la intención de perjudicar el cobro de la deuda. En este caso, el acto es real (por ejemplo, una venta verdadera), pero el objetivo del deudor es reducir su patrimonio para evitar el pago.

Para que proceda la acción pauliana, Shimabukuro menciona tres requisitos:

– Existencia de una deuda.

– Disminución del patrimonio del deudor.

– Perjuicio directo al acreedor en su capacidad de cobrar la deuda.

¿Qué hacer ante la sospecha de fraude?

Si un acreedor sospecha que el deudor está realizando acciones para deshacerse de sus bienes, Encinas Zevallos recomienda tomar medidas preventivas. Entre estas medidas destaca la posibilidad de solicitar al juez una medida cautelar que impida la transferencia de los bienes durante el proceso judicial. Esta medida puede incluir el embargo preventivo de los bienes o la anotación de la demanda en los registros públicos, lo que advertiría a terceros sobre la existencia de una disputa judicial relacionada con esos activos.

La hipoteca o cualquier otra garantía real también puede ser una opción eficaz para asegurar el pago de la deuda, ya que, según Shimabukuro, si el deudor transfiere el inmueble, la hipoteca sigue vigente y afecta al nuevo propietario.

Procedimiento para la acción pauliana

Una vez confirmada la existencia de un fraude, el acreedor puede interponer la acción pauliana. Según Shimabukuro, el proceso puede extenderse entre tres y cuatro años, dependiendo de la carga procesal y la complejidad de las pruebas. Durante este tiempo, el acreedor puede solicitar medidas cautelares para asegurar que los bienes no continúen siendo transferidos.

Si la sentencia es favorable, el juez puede declarar la transferencia de bienes ineficaz frente al acreedor, permitiéndole embargar los activos para cobrarse la deuda, incluso si el bien ya fue transferido a un tercero.

Consecuencias para terceros adquirientes

Shimabukuro también explica que, si un tercero adquirió los bienes a título gratuito (por ejemplo, como una donación), el acto puede ser anulado sin importar si este conocía o no la deuda del deudor. Sin embargo, si la adquisición fue a título oneroso (por ejemplo, una compra), será necesario demostrar que el adquirente estaba al tanto de la deuda y del perjuicio al acreedor.

Encinas y Shimabukuro coinciden en que, aunque no es común, el acreedor también puede solicitar una indemnización si logra probar que el fraude le ocasionó un daño directo. Este daño debe estar claramente relacionado con las acciones fraudulentas del deudor y debe ser probado en el proceso judicial.

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión – Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.

Fuente: Diario Gestión