Excesos regulatorios en salud: el precio de regular sin criterio

Por Roberto Shimabukuro Miyasato

En materia de salud, nadie discute la importancia de contar con una regulación sólida. La supervisión estatal es indispensable para proteger a los pacientes, garantizar estándares de calidad y promover un sistema confiable. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una regulación eficaz y una regulación excesiva.

Un primer ejemplo es el proceso de categorización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress). La normativa del Ministerio de Salud (Minsa) exige, en la práctica, que un establecimiento tenga contratado al personal que utilizará antes de obtener la categoría que le permitirá empezar a operar. Esto implica que una clínica puede pasar varios meses pagando planillas sin generar ingresos.

Algo similar ocurre con determinados requisitos de infraestructura establecidos en las normas técnicas del Minsa. Consultorios o centros ambulatorios de baja complejidad pueden terminar sujetos a exigencias como ascensores con dimensiones hospitalarias, pensadas para establecimientos con una realidad completamente distinta a la de un consultorio.

Otro problema está en el campo de la interpretación regulatoria que realiza Susalud. En algunos procedimientos, por ejemplo, aplica disposiciones de la Ley del Contrato de Seguro a empresas de salud prepagadas, pese a que estas no son compañías de seguros y cuentan con un régimen jurídico propio.

Estas interpretaciones pueden parecer cuestiones jurídicas especializadas, pero tienen consecuencias económicas muy concretas. Los costos regulatorios no desaparecen por el hecho de imponerlos; terminan trasladándose al precio de los servicios o reduciendo las alternativas disponibles para los pacientes.

Regular mejor no significa imponer más obligaciones

La regulación sanitaria debe proteger la salud sin perder de vista la realidad técnica y económica del sector. Regular mejor no significa imponer más obligaciones, sino diseñar reglas proporcionales, coherentes y alineadas con la finalidad que persiguen.

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La reforma de SUSALUD que mira hacia el lado equivocado

Por Roberto Shimabukuro Miyasato

El proyecto de ley 14495/2025-CR, que propone convertir a Susalud en un organismo regulador adscrito a la PCM, ha generado un debate centrado casi exclusivamente en el cambio institucional: quién supervisa, desde dónde y con qué autonomía. Se trata de un debate legítimo, pero incompleto, pues lo más relevante de la propuesta no está en el organigrama, sino en lo que el proyecto construye debajo de él.

La pieza clave es la modificación del artículo VI del Título Preliminar de la Ley General de Salud, que pasaría a calificar las prestaciones de salud como “servicios públicos” en lugar de “servicios de interés público”. En la doctrina administrativista peruana, esa distinción habilita la regulación económica directa sobre precios y condiciones contractuales.

Pero hay una consecuencia adicional que nadie está discutiendo. Los cuatro reguladores de la Ley 27332 (Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass) regulan servicios cuya titularidad reside en el Estado y se entregan a privados mediante concesión. El proyecto no menciona esa figura, pero su lógica doctrinaria la habilita.

¿Por qué necesita Susalud convertirse en regulador?

Los reguladores existen para sustituir la competencia donde el mercado no puede producirla, no para intervenir donde ya existe. El sector privado de salud tiene cientos de prestadores compitiendo, libertad de elección y movilidad real entre proveedores.

Sin falla estructural que lo justifique, no hay base para el regulador, y menos para declarar servicio público una actividad hoy libre.

Todo esto en un contexto en el que los boletines de la propia Susalud muestran que el 95% de las denuncias del sistema apuntan al sector público y solo el 5% al privado, pero el 65% de las multas recae sobre este último.

Una reforma que aplica su instrumento más poderoso sobre el sector que concentra el 5% del problema, mientras el 95% permanece intacto, merece una pregunta que el Congreso todavía no ha respondido: ¿por qué la solución apunta hacia otro lado?

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Casación Administrativa: Debate por nuevas barreras

Por Renzo Salvatore Monroy Pino

El Poder Judicial ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley que modifica el numeral 3 del artículo 32 de la ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo. La iniciativa propone dos cambios sustanciales: (i) cuantía mínima para acceder al recurso de casación en pretensiones cuantificables (500 unidades de referencia procesal-URP) y (ii) extender la regla del “doble conforme”, impidiendo el recurso siempre que la sentencia de segunda instancia confirme la de primera.

A primera vista parecería una reforma técnica orientada a aliviar la carga de la Corte Suprema. Un examen más cuidadoso, sin embargo, revela que la propuesta descansa sobre cimientos argumentativos que merecen ser cuestionados antes de que se traduzcan en ley.

Una analogía que se presenta como argumento

La principal justificación del proyecto consiste en señalar que cambios similares se introdujeron en sede civil y en sede laboral. Pero el hecho de que una medida se haya adoptado en otros procesos no es, por sí solo, razón suficiente para replicarla en el contencioso-administrativo.

El proceso contencioso-administrativo no es equiparable, sin más, al civil o al laboral. Aquí el demandado es, por regla general, el Estado, lo que introduce una asimetría estructural entre las partes.

La carga procesal, pero sin cifras

El proyecto sostiene que la Corte Suprema enfrenta una carga «excesiva» y que la reforma busca aliviarla. No acompaña, sin embargo, dato alguno que permita verificar la afirmación en el ámbito específico que pretende regular.

Más revelador aún, tampoco se presenta evidencia sobre el resultado de las reformas previas. ¿Disminuyó efectivamente la carga de la Corte Suprema en sede civil o en sede laboral como consecuencia de la modificatoria? ¿En qué porcentaje? ¿En qué plazo? Sin esa información, la promesa de eficiencia es una hipótesis, no un hallazgo respaldado.

La casación excepcional: la puerta que queda abierta

Si el objetivo declarado es reducir la carga procesal, llama la atención que el proyecto no contemple ninguna restricción a la casación excepcional. La experiencia en sede civil muestra que esta vía se ha convertido en un mecanismo de uso amplio que, lejos de descongestionar, alimenta el caudal de recursos que la Corte debe calificar.

El sentido del proceso contencioso-administrativo

Hay una cuestión de fondo que el proyecto orilla. El proceso contencioso-administrativo es el mecanismo a través del cual los particulares controlan judicialmente la legalidad de los actos de la administración.

Reducir el acceso a la casación no es, sin más, una decisión de «gestión procesal»: afecta directamente la capacidad del sistema para producir doctrina jurisprudencial vinculante en una materia que define la relación entre el ciudadano y el Estado.

Conviene además dimensionar la cifra de 500 URP. Una porción significativa de las controversias contencioso administrativas reales se ubicará por debajo de ese umbral y, por tanto, quedará fuera del alcance del control casatorio.

Un análisis costo-beneficio que no analiza

Todo proyecto de ley debe acompañarse de un análisis costo-beneficio objetivo. El que figura en esta iniciativa es genérico, afirma que no se irrogan gastos al Estado y que se liberarán recursos para «otros procesos», sin cuantificar nada. No hay línea de base, no hay metas medibles, no hay estimación del impacto sobre los justiciables que perderán acceso al recurso. Es, más que un análisis, una formalidad cumplida.

Una invitación a estar atentos

No sabemos aún cómo se discutirá el proyecto en el Congreso, ni si los parlamentarios advertirán que, por forma, esta iniciativa difícilmente resiste el examen costo-beneficio que la propia técnica legislativa exige.

Lo que sí podemos hacer, desde la comunidad jurídica y la ciudadanía, es seguir de cerca el debate. Quien alguna vez haya tenido que litigar contra el Estado tiene motivos para prestar atención. La puerta que ahora se discute estrechar es, para muchos, la única que queda al final del camino.

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Los factores detrás de las decisiones de escritorio ante la incertidumbre política

El clima electoral y el mayor riesgo país llevan a empresas a desinvertir para ganar liquidez, mientras otras aprovechan activos subvalorados. El fenómeno empieza a reconfigurar sectores clave.

La incertidumbre política y económica vuelve a mover el tablero empresarial en el Perú. En medio de un escenario electoral, más empresas están optando por vender activos, desprenderse de unidades de negocio o reordenar sus portafolios antes que apostar por expansiones agresivas.

Según el último informe EY CEO Outlook, publicado en enero del 2026, el 43% de los CEO en el Perú planea impulsar alguna operación transaccional en los próximos 12 meses, mientras que el 30% tiene previsto concretar transacciones vinculadas a desinversiones.

Detrás de estas decisiones aparecen factores como el mayor riesgo país, el encarecimiento del financiamiento y la cautela frente al panorama político local.

Empresas más cautas

Para Renzo Monroy, abogado corporativo y socio de Monroy & Shima Abogados, en escenarios preelectorales “el dinero se vuelve conservador”. Explica que los inversionistas incorporan una “prima de riesgo país” que afecta la valorización de proyectos de expansión, mientras que las tasas de interés todavía elevadas encarecen el financiamiento de adquisiciones agresivas.

“El resultado es que las TIR ya no cierran y muchas operaciones de crecimiento simplemente se posponen”, sostiene para Gestión.

Según Monroy, cuando el horizonte económico y político se vuelve incierto, las empresas prefieren “ordenar la casa” antes que asumir apuestas de expansión. Eso implica fortalecer caja, reducir apalancamiento y desprenderse de activos no estratégicos.

Desde la teoría económica, Sergio de la Piedra señala que la incertidumbre, la irreversibilidad de las inversiones y el riesgo país han generado que las empresas “piensen dos veces” antes de invertir.

Venta de activos: estrategia defensiva y oportunidad

Las desinversiones cumplen una doble función: reducir exposición al riesgo y mejorar liquidez, pero también pueden representar una reasignación eficiente de recursos.

De la Piedra señala que las empresas suelen centrarse en su core business y eliminar carteras periféricas. Sin embargo, advierte que esto puede traducirse, a nivel macroeconómico, en menor producción y menor crecimiento.

La otra cara son las empresas que aprovechan el contexto para comprar activos o negocios a precios atractivos.

Monroy explica que muchas operaciones actuales se estructuran como compras de activos específicos y no como adquisiciones completas de empresas, lo que permite al comprador “elegir” qué adquiere y qué pasivos asume.

“La diferencia esencial es que en una compra de acciones el adquirente entra al pasivo histórico de la sociedad, incluyendo contingencias que aún no se han manifestado, mientras que en una compra de activos puede, en principio, “elegir” qué adquiere y qué pasivos asume“, explica.

Riesgos ocultos y contratos más blindados

El abogado advierte que un due diligence superficial puede generar problemas como defectos de titularidad, hipotecas no levantadas, contingencias tributarias, pasivos laborales y obligaciones ambientales o regulatorias.

Por ello, sostiene que las operaciones actuales se realizan con contratos “mucho más blindados”, incluyendo declaraciones y garantías, mecanismos de indemnización, cláusulas de ajuste de precio, pactos de no competencia y arbitraje.

También menciona la creciente utilización de cláusulas MAC (Material Adverse Change), que permiten renegociar o retirarse de una operación ante eventos que afecten significativamente al activo o al entorno regulatorio y político.

Sectores en reconfiguración

Aunque Monroy evita señalar sectores líderes sin cifras específicas, identifica movimientos de consolidación en energía eléctrica, minería, cementos, telecomunicaciones, infraestructura digital, retail, inmobiliario comercial, servicios financieros y consumo masivo.

Cita casos como la salida de Telefónica del Perú a Integratel y la compra de Minka por Parque Arauco, además de operaciones en seguros, servicios financieros y marcas de consumo.

“El denominador común son sectores con flujos predecibles, escalabilidad o barreras de entrada que justifican la apuesta pese al riesgo país”, afirma.

¿Cambio temporal o estructural?

Para Monroy, la situación combina factores coyunturales y estructurales. El año electoral y las tasas elevadas están enfriando operaciones de gran escala, mientras que también está cambiando la forma de hacer negocios en el Perú.

Según explica, hoy existen contratos más blindados, más participación de socios estratégicos y una preferencia creciente por comprar activos específicos antes que empresas completas.

A ello se suma un proceso de relevo generacional en empresas familiares y el ingreso de nuevos capitales extranjeros, especialmente asiáticos y centroamericanos.

De la Piedra advierte que esta dinámica también podría generar una mayor concentración de mercado, pues compañías con mayor espalda financiera podrían adquirir activos de empresas más pequeñas o afectadas por la incertidumbre, generando eficiencias, pero también riesgos para la competencia y los consumidores.

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Seguridad de datos personales: mejoras

Por Richard Villavicencio Billinghurst

Los dólares es el propio precio de nuestra información más sensible. Por esa suma irrisoria, cualquier persona puede saber dónde vivimos, si tenemos antecedentes penales o si somos donantes de órganos. No hay que hacer falta ser hacker ni transitar por la dark web; basta con unirse a un grupo de Telegram.

Es precisamente lo que documentó el reciente informe Identidades en venta de la ONG Derechos Digitales. La investigación abarcó Perú, Brasil y Argentina, y los hallazgos para el caso peruano son alarmantes: bots automatizados entregan al “cliente” una ficha completa con nuestros datos personales, biométricos e incluso antecedentes policiales y judiciales.

El Estado peruano no es dueño de nuestra información: es su guardián. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial (PJ) custodian enormes bases de datos con lo más sensible de nuestra identidad.

En el Perú, el tráfico de datos personales ahora es un delito con penas de hasta diez años de prisión

El Perú, además, ha dado un paso importante este año: el tráfico de datos personales es ahora un delito con penas de hasta diez años de prisión. Sin embargo, contar con un buen marco normativo resulta insuficiente si la entidad encargada de su cumplimiento no dispone de los recursos necesarios para hacerlo efectivo.

En ese contexto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), frente a un informe tan claro y de acceso público como el de Derechos Digitales, no solo tiene la potestad, sino también el deber de actuar de oficio. Cualquier ciudadano puede denunciar, exigir saber quién accedió a su información y solicitar las medidas correctivas que correspondan.

Pero no debería ser el ciudadano quien cargue con la responsabilidad de reparar por un daño que el Estado pudo haber prevenido. Primero habría que cerrar las puertas que se dejaron abiertas.

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