En materia de salud, nadie discute la importancia de contar con una regulación sólida. La supervisión estatal es indispensable para proteger a los pacientes, garantizar estándares de calidad y promover un sistema confiable. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una regulación eficaz y una regulación excesiva.

Un primer ejemplo es el proceso de categorización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress). La normativa del Ministerio de Salud (Minsa) exige, en la práctica, que un establecimiento tenga contratado al personal que utilizará antes de obtener la categoría que le permitirá empezar a operar. Esto implica que una clínica puede pasar varios meses pagando planillas sin generar ingresos.

Algo similar ocurre con determinados requisitos de infraestructura establecidos en las normas técnicas del Minsa. Consultorios o centros ambulatorios de baja complejidad pueden terminar sujetos a exigencias como ascensores con dimensiones hospitalarias, pensadas para establecimientos con una realidad completamente distinta a la de un consultorio.

Otro problema está en el campo de la interpretación regulatoria que realiza Susalud. En algunos procedimientos, por ejemplo, aplica disposiciones de la Ley del Contrato de Seguro a empresas de salud prepagadas, pese a que estas no son compañías de seguros y cuentan con un régimen jurídico propio.

Estas interpretaciones pueden parecer cuestiones jurídicas especializadas, pero tienen consecuencias económicas muy concretas. Los costos regulatorios no desaparecen por el hecho de imponerlos; terminan trasladándose al precio de los servicios o reduciendo las alternativas disponibles para los pacientes.

Regular mejor no significa imponer más obligaciones

La regulación sanitaria debe proteger la salud sin perder de vista la realidad técnica y económica del sector. Regular mejor no significa imponer más obligaciones, sino diseñar reglas proporcionales, coherentes y alineadas con la finalidad que persiguen.

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