Los dólares es el propio precio de nuestra información más sensible. Por esa suma irrisoria, cualquier persona puede saber dónde vivimos, si tenemos antecedentes penales o si somos donantes de órganos. No hay que hacer falta ser hacker ni transitar por la dark web; basta con unirse a un grupo de Telegram.

Es precisamente lo que documentó el reciente informe Identidades en venta de la ONG Derechos Digitales. La investigación abarcó Perú, Brasil y Argentina, y los hallazgos para el caso peruano son alarmantes: bots automatizados entregan al “cliente” una ficha completa con nuestros datos personales, biométricos e incluso antecedentes policiales y judiciales.

El Estado peruano no es dueño de nuestra información: es su guardián. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial (PJ) custodian enormes bases de datos con lo más sensible de nuestra identidad.

En el Perú, el tráfico de datos personales ahora es un delito con penas de hasta diez años de prisión

El Perú, además, ha dado un paso importante este año: el tráfico de datos personales es ahora un delito con penas de hasta diez años de prisión. Sin embargo, contar con un buen marco normativo resulta insuficiente si la entidad encargada de su cumplimiento no dispone de los recursos necesarios para hacerlo efectivo.

En ese contexto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), frente a un informe tan claro y de acceso público como el de Derechos Digitales, no solo tiene la potestad, sino también el deber de actuar de oficio. Cualquier ciudadano puede denunciar, exigir saber quién accedió a su información y solicitar las medidas correctivas que correspondan.

Pero no debería ser el ciudadano quien cargue con la responsabilidad de reparar por un daño que el Estado pudo haber prevenido. Primero habría que cerrar las puertas que se dejaron abiertas.

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